Para lograrlo, es fundamental fortalecer la colaboración entre los parlamentos, la academia y los centros de investigación. Esta relación debe traducirse en mecanismos institucionales que faciliten el acceso a información fidedigna, promuevan la transferencia de conocimiento y garanticen canales de comunicación oportunos, estables y eficientes entre legisladores y expertos científicos.

En un contexto de constante transformación, las y los parlamentarios están llamados a incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación como herramientas clave para la formulación de políticas públicas. El uso estratégico de datos y conocimiento técnico permite no solo mejorar la calidad normativa, sino también ejercer un control político más informado y fomentar una participación ciudadana activa y efectiva.

Este eje analizará las mejores prácticas y propuestas para institucionalizar el uso de la evidencia científica en la labor legislativa, consolidando así una toma de decisiones más transparente, racional y orientada al bien común.